Con luces largas

Llevan casi 2 años movilizándose en la calle. Me refiero a los pensionistas. Ese colectivo que ha conseguido que sus prestaciones no dejen de estar en los titulares y, por consiguiente, en la contienda política. Es curioso, cómo han ocupado ese espacio como el estrato social más reivindicativo y perseverante de los últimos tiempos. Y es curioso también que precisamente Bilbao se haya convertido en la punta de lanza del movimiento. El País Vasco ocupa el segundo puesto en el ranking de renta per cápita de las comunidades autónomas y su tasa de paro (9,4%) dista mucho de la media nacional.

Pero ellos no han fallado ni un solo lunes de protesta. Ni se cansan, ni se rinden. Ahora van rumbo a una gran manifestación en Madrid. Y eso que han ganado terreno. Lograron que el gobierno se adelantara al Pacto de Toledo (antes de saltar por los aire) modificando el famoso factor de sostenibilidad y el polémico 0,25%. Las pensiones de 2019 se han actualizado con la media anual de la inflación. Es decir, que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo por la evolución de los precios. Ese es el cacareado objetivo.

Una batalla ganada que llegó con un modesto trofeo: la paguilla, 13 euros de media. El valor simbólico es mucho mayor y, sobre todo, de enorme rédito político (son casi nueve millones de votantes). Para las cuentas de la Seguridad Social esa paga extra supone 127 millones de euros. No parece mucho si lo comparamos con los 151.000 millones de euros que necesitará el sistema este año.

También es verdad que la paguilla no ha sido la única victoria de los pensionistas. Ya habían conseguido una subida del 1,6% para las contributivas y un 3% para las mínimas en 2019. Esto ya suma casi 2.600 millones de euros. Por eso el Gobierno, mientras hacía las cuentas del fallido proyecto de presupuestos, reconocía estar «rezando» para que no se desviara la inflación. Con o sin asistencia divina, el IPC finalmente le ha dado un ligero respiro.

La historia se repite. El ahora gobierno en funciones promete volver a hacerlo en 2020. Con una inflación en el 0,1%. Un alivio fugaz, para un problema de fondo. La nómina de las pensiones sigue disparándose mes a mes. Que marque récord ya no es noticia. Pero máximo sobre máximo, el ritmo de crecimiento del gasto es el más fuerte de los últimos 10 años. La Seguridad Social paga cada vez más pensiones que además son cada vez más altas.  

El déficit del sistema llegará a los 17.000 millones este año, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El agujero sigue ahondándose con un nuevo préstamo de 15.000 millones que será necesario para hacer frente a la factura de 2019.

Últimamente se han puesto muchas recetas sobre la mesa: retrasar la edad real de jubilación, limitar las prejubilaciones, impuestos que liberen a la Seguridad Social de cargas, pasar a un modelo menos dependiente de la demografía y del ciclo económico y más apoyado sobre el ahorro y los fondos de inversión, hasta que los robots coticen… En realidad, todo el mundo es consciente del problema, pero también de lo impopular de las soluciones. El Pacto de Toledo, lastrado por intereses políticos, ha demostrado su incapacidad para avanzar en ese camino.

No hay varita mágica. La única opción es un pacto de altura, involucrando a todos, agentes económicos y políticos, recuperando —si alguien sabe dónde está— el perdido sentido de Estado.  Si no, la «bola de nieve» de la que alerta el Banco de España pasará por encima de los pensionistas actuales y, convertida en alud, asfixiará a los futuros. La paguilla esta vez ha sido pequeña y puntual pero el agujero es estructural y profundo.