Con luces largas

Somos un país de propietarios. Es verdad que el alquiler ha ganado terreno en los últimos tiempos pero, como siempre se ha dicho, los bebés aquí siguen viniendo con un ladrillo bajo el brazo. Es nuestra fórmula magistral para el ahorro. Un legado que pasa de generación en generación y que incluso ha sobrevivido a la travesía por el desierto que sufrió el sector durante la crisis.

Ya no estamos en el top ten de los propietarios en Europa. Dejamos nuestro destacado puesto en ese ranking hace unos años, pero la estadística aún es aplastante: tres de cada cuatro hogares viven en un inmueble de su propiedad, según el INE.

Son los más jóvenes los que han ido dejando de lado esa receta ancestral, apuntándose a la minoritaria alternativa del alquiler. Pero en ese camino surgió el ‘nuevo amanecer’ inmobiliario. La recuperación del sector ha venido acompañada de una escalada de precios especialmente dolorosa para los inquilinos con menos ingresos.

España se ha convertido en el tercer país de la OCDE con el alquiler más inaccesible. Solo Grecia y Gran Bretaña tienen peores condiciones entre los países más desarrollados del mundo. Las cifras son elocuentes, desde finales de 2013 el alquiler se ha encarecido un 50%, según datos del Banco de España. Y lo que es difícil de asumir para cualquier bolsillo, es todavía más complicado para los jóvenes. Muchos se dejan en ello más del 90% de sus ingresos. Vamos, que los hijos subsisten patrocinados por sus padres.

Y en esto se aprueba la nueva ley hipotecaria. Esa norma que pretende proteger a los nuevos propietarios de los abusos del pasado, con operaciones más transparentes y el foco puesto en el cliente.

¿Cómo? El banco tiene la obligación de aportar al cliente todos los datos: el cuadro de amortización del tipo de interés del préstamo, el importe de cada cuota, su periodicidad y una simulación de cómo variará el interés de la hipoteca ante diferentes escenarios de evolución en los tipos de interés.

El cliente tiene que recibir toda esta documentación 10 días antes de la escritura, como mínimo. El plazo es muy importante. Si se demuestra que la hipoteca se ha firmado antes de esos 10 días, se declarará nula.

Doy fe de que tanto los bancos como los notarios están muy concienciados de la relevancia de estas medidas. Lo acabo de vivir en primera persona. Al plantearnos el obligatorio test de comprensión sobre lo que estábamos firmando, nuestra notaría se lamentaba de la cantidad de ocasiones en que los firmantes desconocían las implicaciones mínimas, las más básicas, que supone un contrato hipotecario.

También diré que nuestra operación se prolongó bastante más de lo esperado y viendo que ya sobrepasábamos la hora de comer, la fedataria pública nos convidó a cerveza y patatas fritas en la mismísima sala de firmas. Lo nunca visto.

Pero a pesar del mejorado servicio de atención al cliente, con la entrada en vigor de la nueva norma, el pasado verano volvieron las turbulencias. En agosto se desplomaron todos los indicadores. Las ventas cayeron más de un 20% y la firma de hipotecas por encima del 30%.

Los expertos aseguran que ha sido un ajuste puntual y las fluctuaciones se van moderando. Pero surgen otros nubarrones en el horizonte. El nuevo gobierno ya se ha comprometido a fijar una especie de techo a los precios del alquiler que impactará sin duda en la evolución del mercado. Según lo anunciado, ese control de precios se aplicará en las zonas más tensionadas. El recelo del sector es manifiesto. Promotores, socimis y propietarios advierten de menos oferta y viviendas más caras que perjudicarán, de nuevo, a los inquilinos. También de más dinero negro en las operaciones. Entonces, ¿volvemos al ladrillo bajo el brazo?