En 2050, todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de descarbonizar su economía. Para lograr este objetivo, en 2030 deberán reducir sus emisiones un mínimo de un 40% en relación a 1990, y un 89% en 2040. Para conseguirlo, han convertido a la electricidad en el aliado perfecto pora su capacidad de integrar las energías renovables. 

Dentro de este paisaje, debemos abordar en el corto medio plazo el sector más factible, y urgente de abordar es el del transporte en carretera. Este sector es responsable del 25% de las emisiones. No cabe duda que paulatinamente se está apostando ya por su electrificación. Según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), en 2018 las matriculaciones de coches con batería superaron las 200.000 unidades en Europa. Esto causó un incremento del 48,2% en comparación con el ejercicio anterior. Una tendencia que, además, se espera superar este año. 

El hecho de no emitir gases contaminantes y suponer un gran avance medioambiental son alicientes para los consumidores, pero la realidad es que el factor económico es lo que está ganando más adeptos. Si dejamos de lado que estos vehículos suelen averiarse menos que los de combustión tradicional y que no exigen prácticamente mantenimiento, las ventajas fiscales que presentan son una razón más que evidente para optar por un eléctrico.

  • Impuesto de Matriculación. Al calcularse en función de las emisiones de C02 del vehículo, los coches nada contaminantes no tienen que pagarlo.
  • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o, lo que es lo mismo, el Impuesto de Circulación. Es un impuesto de ámbito municipal que se paga anualmente por el hecho de ser titular del coche. Este puede tener hasta un 75% de bonificaciones en el caso de los eléctricos. Eso sí, aunque muchos ayuntamientos han recogido ya esta bonificación en sus ordenanzas, su incorporación depende de cada municipio.
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Todos los vehículos eléctricos de batería, autonomía extendida o híbridos enchufables (con una autonomía superior a 15 kilómetros) pueden reducirse hasta un 30% el total de este impuesto. 

Fuera de estos beneficios fiscales, otra ventaja económica (a cuenta de los municipios) es la posibilidad de aparcar en zonas azules con importes reducidos o tarifas gratuitas. Tampoco hay que dejar atrás  los impuestos que el Estado deja de percibir de la gasolina o el gasoil. El precio del carburante incluye el IVA, y el Impuesto sobre Hidrocarburos o Impuesto Especial sobre Carburantes (IE) que, a su vez, se divide en tres: El Impuesto Estatal General, el Impuesto Estatal Especial, y el Tramo Autonómico. En total, cada litro de gasolina viene acompañado de más de un 50% de impuestos. A esta bajada de ingresos, hay que sumar el gasto de las ayudas y subvenciones. Entre ellos el plan MOVEALT, gracias al cual se pueden conseguir descuentos entre los 500 y los 18.000 euros, según la categoría y el tipo de motor.

En definitiva, la transición al vehículo eléctrico es una obligación no solo por intentar frenar el cambio climático, sino porque la Comisión Europea así lo exige. Y, por ello, todos los beneficios fiscales y ayudas al consumidor son pocas, pero ¿cómo suplir los ingresos que municipios y estados dejan de percibir? Desde diversas organizaciones, entre las que se encuentra Transport & Environment, abogan por gravar con mayores impuestos a los vehículos más contaminantes. De este modo se podrían compensar las falta de ingresos con nuevos. Una medida muy discutida por muchos colectivos al sobrentender que los más perjudicados serían las familias con menos ingresos, por no poder sustituir sus antiguos vehículos. 

Pero más allá de los impuestos, España debe abordar un frente más. El 10% de su PIB proviene de la automoción. Si el sector no evoluciona hacia la electrificación, ¿qué pasará con los miles de empleos dependientes de él? Sin duda, son retos a los que nos debemos enfrentar con urgencia si no queremos resentir la economía y los servicios públicos.